Proyecto cortaría fondos viales a ciudades que no avisen sobre inmigrantes

¿Qué hace esto?

HR 1913 exigiría que los gobiernos locales notifiquen a las autoridades federales de inmigración al menos 48 horas antes de liberar a una persona identificada como residente sin estatus legal en el país. Este requisito solo aplica cuando las autoridades federales ya le han informado a la cárcel local sobre el estatus de esa persona y la persona ha estado detenida por lo menos 48 horas. Los gobiernos locales tendrían un año a partir de la aprobación de la ley para adoptar esta política.

¿A quién afecta?

Las ciudades, condados y otros gobiernos locales que tienen políticas que limitan su cooperación con las autoridades federales de inmigración son los principales afectados por este proyecto. También se verían afectados directamente los residentes que dependen de carreteras e infraestructura financiadas con fondos federales, así como los ciudadanos extranjeros detenidos en cárceles locales sin estatus legal.

¿Por qué importa?

Los gobiernos locales que no adopten la política de notificación podrían perder acceso a fondos federales para carreteras e infraestructura, incluyendo dinero que los estados normalmente transfieren a esos gobiernos locales. El proyecto está diseñado para facilitar que las autoridades federales de inmigración tomen custodia de personas sin estatus legal antes de que sean puestas en libertad.

¿Cuánto cuesta y quién paga?

• Fondos federales de carreteras en riesgo
• Gobiernos locales y estatales afectados
• Un año para cumplir o perder fondos