Proyecto de ley permitiría demandar directamente a gobiernos por abusos policiales

¿Qué hace esto?

La Ley de Responsabilidad Constitucional redefiniría "persona" bajo la Sección 1983 para incluir al gobierno federal, los estados, los gobiernos locales y sus agencias, haciéndolos directamente responsables cuando un empleado de la ley (law enforcement) viole derechos constitucionales. Elimina la inmunidad soberana de los estados y hace que el gobierno federal renuncie a su propia inmunidad en estos casos, y la responsabilidad se aplicaría incluso si el oficial individual estuviera normalmente protegido por la "inmunidad calificada" (qualified immunity).

¿A quién afecta?

Personas que creen que sus derechos constitucionales fueron violados por policías u otros oficiales de la ley; gobiernos federales, estatales y locales, y los contribuyentes; agencias de la ley (law enforcement).

¿Por qué importa?

Los gobiernos podrían enfrentar mayor exposición legal y posibles costos por demandas, lo que podría impulsar a las agencias a fortalecer la capacitación, contratación y supervisión de oficiales para reducir el riesgo legal.

¿Dónde está ahora?