Nuevo proyecto de ley exigiría aprobación estatal para cerrar plantas nucleares

¿Qué hace esto?

HR 6613 cambia la forma en que se cierran y desmantelan las plantas de energía nuclear, exigiendo que los dueños de las plantas consulten con los gobiernos estatales, tribales y locales antes de presentar un plan de desmantelamiento. Los estados ubicados dentro de 80 kilómetros de una planta obtendrían un papel formal en el proceso, y la Nuclear Regulatory Commission (NRC, la agencia federal que regula la energía nuclear) tendría que aprobar oficialmente los planes de cierre en lugar de solo revisarlos. Los estados pueden apoyar, apoyar con condiciones u oponerse a un plan, y sus cambios recomendados deben ser considerados seriamente, a menos que violen la ley o cuesten mucho más de lo que valen.

¿A quién afecta?

Los residentes que viven cerca de aproximadamente dos docenas de plantas nucleares actualmente en proceso de cierre o que se espera que cierren se ven directamente afectados, con protecciones adicionales para comunidades pequeñas, rurales y de bajos ingresos. Los gobiernos estatales y tribales ganan influencia formal sobre las decisiones de limpieza, mientras que los dueños de las plantas enfrentan nuevos requisitos de consulta, tarifas y contribuciones obligatorias a fondos comunitarios.

¿Por qué importa?

La NRC asume un papel de aprobación más fuerte y debe administrar nuevos programas de subsidios, lo que amplía sus responsabilidades actuales. Los dueños de las plantas enfrentan obligaciones financieras y requisitos de proceso adicionales que antes no existían en las reglas de desmantelamiento.

¿Cuánto cuesta y quién paga?

• $12.5M en subsidios a estados y tribus
• $500K por planta al fondo comunitario
• $15 por kg de combustible usado almacenado