Proyecto de ley busca proteger a personas mayores y con discapacidad en desastres

¿Qué hace esto?

La ley REAADI for Disasters Act requeriría que las organizaciones que reciben fondos federales para desastres cumplan con las leyes de derechos civiles para personas con discapacidad, que los refugios y las comunicaciones de emergencia sean accesibles para todos, y que las personas con discapacidad y los adultos mayores participen en la planificación de emergencias. Se crearían nuevos programas federales de financiamiento para servicios directos, investigación, capacitación regional y subsidios para agencias estatales, locales e indígenas. También se ampliaría un comité asesor nacional para incluir más voces de la comunidad con discapacidad, los gobiernos tribales y las zonas rurales.

¿A quién afecta?

Las personas con discapacidad y los adultos de 65 años o más obtendrían protecciones legales más sólidas y mayor acceso a servicios durante desastres. Los gobiernos estatales y locales, las agencias de manejo de emergencias, las organizaciones sin fines de lucro, los proveedores de salud y las agencias tribales tendrían nuevas obligaciones de planificación y de cumplimiento con las leyes de derechos civiles.

¿Por qué importa?

Actualmente, los adultos mayores y las personas con discapacidad mueren a tasas más altas durante los desastres, en parte porque las alertas de evacuación no se comunican en formatos accesibles y los refugios carecen de las adaptaciones necesarias. Los planes de emergencia rara vez incluyen a estos grupos en su elaboración, lo que genera vacíos en la preparación que este proyecto de ley obligaría a las agencias a corregir.

¿Cuánto cuesta y quién paga?

Un fondo llamado Disaster Human Services Emergency Fund (Fondo de Emergencia para Servicios Humanos en Desastres) proporcionaría hasta $100 millones al año para servicios directos como cuidado personal, transporte, vivienda y gestión de casos. Subsidios separados de hasta $300 millones al año irían a agencias estatales, locales e indígenas, con financiamiento adicional para centros regionales de capacitación e investigación.

¿Dónde está ahora?