Proyecto de ley exigiría órdenes judiciales antes de que el gobierno confisque bienes

¿Qué hace esto?

HR 7638 modifica las reglas federales de confiscación civil de bienes al exigir una orden judicial antes de que el gobierno pueda quedarse con propiedades de manera permanente. El proyecto eleva el estándar legal de "más probable que no" a "evidencia clara y convincente", y requiere que el gobierno pruebe que el dueño sabía que su propiedad estaba siendo usada en un delito. También endurece las reglas sobre penalizaciones por "estructuración" de transacciones bancarias, exigiendo prueba de que la persona actuó a sabiendas y de que el dinero provenía de una fuente ilegítima.

¿A quién afecta?

El proyecto afecta a dueños de propiedades, pequeños empresarios y cualquier persona que maneje transacciones en efectivo, incluidas quienes antes no podían pagar un abogado. También afecta directamente a agencias federales como la DEA (Administración para el Control de Drogas) y el FBI, que actualmente usan los fondos de confiscaciones para financiar sus propios presupuestos.

¿Por qué importa?

Actualmente, los fondos obtenidos por confiscaciones van a cuentas especiales de agencias policiales, una práctica que críticos dicen crea un incentivo económico para confiscar bienes. Redirigir esos fondos al Tesoro general de los EE. UU. y elevar los estándares legales cambiaría cómo las agencias federales persiguen y se benefician de los casos de confiscación.

¿Cuánto cuesta y quién paga?

Los fondos de confiscaciones que actualmente financian los presupuestos de agencias federales serían redirigidos al Tesoro general de los EE. UU. bajo este proyecto de ley.

¿Dónde está ahora?