Estados deberán revelar proveedores electorales y vínculos con dueños extranjeros

¿Qué hace esto?

HR 8118 requiere que los gobiernos estatales y locales reporten a la Election Assistance Commission (Comisión de Asistencia Electoral) dentro de los 30 días posteriores a cada elección federal. Deben indicar qué proveedores privados usaron, cómo eran sus contratos y quiénes son los dueños de esas empresas, incluyendo si hay personas o entidades extranjeras con participación accionaria. La Comisión debe publicar toda esta información en una base de datos de acceso público. El requisito abarca máquinas de votación, sistemas de registro de votantes, software de conteo de votos y libros de votación electrónicos.

¿A quién afecta?

La ley afecta directamente a los funcionarios electorales estatales y locales, y a las empresas tecnológicas privadas que trabajan con ellos. Los votantes comunes que quieren saber cómo se administran las elecciones en su área también se ven afectados como usuarios previstos de la base de datos pública.

¿Por qué importa?

Actualmente no existe una fuente central que recopile o muestre esta información sobre proveedores y propietarios, por lo que la ley crearía una. Los estados y localidades que no cumplan perderían el acceso a fondos federales para la administración electoral.

¿Cuánto cuesta y quién paga?

Los estados y gobiernos locales que no cumplan perderían el financiamiento federal para la administración electoral. El resumen no menciona montos específicos en dólares ni cifras de costo.

¿Dónde está ahora?