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H.R. 8821Congreso 119En comitéÚltima acción 14 may 2026Traducido por IA · verificado con el registro
Título oficial: No Bailouts for Cashless Bail Jurisdictions Act
Presentado:
Lee el proyecto oficial en Congress.govLa versión en lenguaje claro va primero. El texto oficial siempre es la referencia.
Un proyecto de ley en la Cámara cortaría todos los fondos federales a cualquier jurisdicción que, según el Fiscal General, haya eliminado en gran parte la fianza en efectivo.
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Este proyecto de ley cortaría todos los fondos federales a ciudades, condados o estados que el U.S. Attorney General (Fiscal General de EE. UU.) determine que han eliminado en gran parte la fianza en efectivo para delitos como violencia, delitos sexuales, robo con allanamiento, vandalismo y saqueo. El Fiscal General realizaría revisiones cada tres meses. Una jurisdicción declarada en violación perdería los fondos federales hasta al menos 180 días después de esa determinación, y solo después de que el Fiscal General confirme que la fianza en efectivo ha sido restaurada.
Los residentes de ciudades, condados o estados que hayan reformado o eliminado la fianza en efectivo serían los más directamente afectados. Los funcionarios locales y estatales en esas jurisdicciones enfrentarían la presión de restaurar la fianza en efectivo o perder el acceso a los fondos federales.
Los fondos federales sostienen una amplia gama de servicios, incluyendo reparación de carreteras, escuelas, asistencia de vivienda y subsidios para el orden público, por lo que un corte de fondos podría reducir o eliminar programas de los que dependen los residentes locales. El proyecto no especifica qué flujos de fondos federales serían cortados, lo que significa que el impacto podría extenderse a muchos programas a la vez.
Resumen generado por IA. Verifícalo con el texto oficial antes de actuar. Lee el proyecto oficial en Congress.gov
Ahora mismo: un comité de la Cámara lo está revisando. Si el Senado lo cambia, regresa a la Cámara antes de llegar al Presidente.
Última acción: — Referred to the Committee on the Judiciary, and in addition to the Committee on Oversight and Government Reform, for a period to be subsequently determined by the Speaker, in each case for consideration of such provisions as fall within the jurisdiction of the committee concerned.