Ley antiexplotación de EE. UU. se renueva y amplía hasta 2029–2030
En comitéS. 2647Última acción
Presentado por James E. Risch · Senador/a · ID
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Título oficial: International Trafficking Victims Protection Reauthorization Act of 2025
Congreso 119
Temas: Delincuencia y justicia
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El proyecto S 2647 renueva los programas antiexplotación de EE. UU. hasta 2029–2030 y sube un financiamiento clave de $65M a $102.5M por año.
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¿Qué hace esto?
El proyecto S 2647 renueva los programas de EE. UU. contra la trata de personas, extendiéndolos hasta 2029 o 2030 según el programa. Cambia el nombre de la Lista de Vigilancia Especial a Lista de Vigilancia de Nivel 2, aclara qué ayuda exterior puede suspenderse cuando un país no combate la trata, y extiende la Ley Internacional Megan's Law, que obliga al gobierno a notificar a otros países cuando un agresor sexual registrado planea viajar al exterior. También crea nuevas protecciones para trabajadores domésticos en EE. UU. con visas A-3 o G-5 que trabajan para diplomáticos o personal de organizaciones internacionales.
¿A quién afecta?
El proyecto afecta directamente a países sujetos a las calificaciones de trata de EE. UU., a agresores sexuales registrados que viajan al exterior, y a trabajadores domésticos con visas A-3 o G-5 empleados por diplomáticos o personal de organizaciones internacionales en EE. UU. También involucra a funcionarios estadounidenses en bancos internacionales y a miembros del Congreso que recibirán informes más frecuentes.
¿Por qué importa?
Los países con calificaciones bajas en trata podrían ver recortes más claramente definidos en ciertas categorías de ayuda exterior, aunque la asistencia humanitaria, de salud y alimentaria quedaría protegida. Los diplomáticos que abusen de sus trabajadores domésticos podrían enfrentar suspensión de visas o consecuencias penales, y los empleadores deberán reportar los salarios de esos trabajadores.
¿Cuánto cuesta y quién paga?
Una autorización de financiamiento clave contra la trata sube de $65 millones a $102.5 millones por año. El proyecto también exige la ampliación de un programa nacional de registro para trabajadores con visas A-3 y G-5, notificaciones anuales de derechos y reporte de salarios por parte de los empleadores.
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